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  • La Importancia del Derecho Administrativo

    Una persona asiste a una fiesta. Allí se toma varias cervezas. De regreso a su residencia es detenido por la Policía. La persona es llevada a un cuartel y se le hace la prueba de aliento. El resultado de la prueba revela que la persona estaba conduciendo su vehículo de motor bajos los efectos del alcohol. Ese mismo día se presenta una denuncia contra la persona por violar la Ley de Vehículos y Tránsito.

    A tenor con los hechos relatados puede concluirse que este caso sólo está relacionado con el curso de derecho penal. La realidad, sin embargo, es otra.

    No hay duda, que la Asamblea Legislativa cumplió con su deber constitucional de legislar una norma que prohibe y castiga el conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol. Ver 9 LPRA § 5202. También se legisló para establecer que es ilegal conducir un vehículo de motor cuando el conductor tiene en su sangre un porciento de alcohol que exceda el .08%. Ahora bien, ese porciento se determina de conformidad a un análisis de la sangre o del aliento del conductor.

    Estas normas nos llevan a preguntarnos lo siguiente: ¿Qué instrumento científico se utiliza medir el contenido del alcohol en la sangre de una persona? ¿Quién calibra y mantiene dicho instrumento? ¿Qué requisitos mínimos deben cumplirse para que la prueba sea confiable?

    Para contestar estas preguntas tenemos que entender las normas básicas del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque, según la Ley de Vehículos y Tránsito, la prueba de aliento se realiza utilizando un instrumento científico que tiene que ser aprobado por el Departamento de Salud. De la misma forma, corresponde al Departamento de Salud reglamentar la forma y sitio en que habrán de tomarse, envasarse y analizarse las pruebas realizadas. Ver 9 LPRA § 5209(g).

    En otras palabras, la Asamblea Legislativa concedió o delegó la facultad al Departamento de Salud de Puerto Rico para establecer las normas que rigen la prueba de aliento y sangre. A esas normas; que tienen fuerza de ley, le llamamos reglamentos.

    Ver Reglamento 123 del Departamento de Salud del 2007

    Si las personas encargadas de realizar la prueba incumplen con las normas que contiene dicho reglamento, es obvio que la prueba científica realizada no será confiable y el Ministerio Público no podrá probar su caso.

    Lo anterior es un simple ejemplo de la importancia de conocer las normas del derecho administrativo.

    Por: Manuel Izquierdo. Todos los derechos reservados.

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  • El abecé del Derecho Administrativo…

    ¿Qué es el derecho administrativo? Esa es la pregunta que todo estudiante de derecho realiza cuando se percata que para poder ejercer la profesión de abogado tiene que matricularse en un curso de esa materia.

    En vez de ofrecer una definición jurídica, sugiero que miremos al derecho administrativo como un platillo exquisito. Para preparar ese platillo, sin embargo, hace falta que utilicemos varios ingredientes que esenciales. Una vez sepamos reconocer los elementos (ingredientes) que componen el derecho administrativo podremos saber de qué trata esta materia.

    La receta del derecho administrativo puertorriqueño tiene los siguientes ingredientes:

    1. Un sistema republicano de gobierno

    Partimos de la premisa que nuestro ordenamiento constitucional establece un sistema republicano de gobierno compuesto por tres ramas: la Rama Ejecutiva, la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial. Esta organización del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un fiel reflejo del sistema republicano de gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

    No hay duda que en el sistema republicano cada rama de gobierno tiene una función básica. Por regla general, la Asamblea Legislativa aprueba las leyes que componen nuestro ordenamiento jurídico, la Rama Ejecutiva vela por el cumplimiento de esas leyes y la Rama Judicial adjudica las controversias que puedan surgir en torno a las referidas normas de derecho. Esa delimitación de funciones es consecuencia del principio que procura ninguna rama del gobierno tenga mayores poderes que las otras. A ese principio se le conoce como la doctrina de separación de poderes.

    Ahora bien, las ramas de nuestro de gobierno no operan de forma aislada. En el Puerto Rico del Siglo XXI, por ejemplo, tenemos que el Poder Ejecutivo emite reglamentos. Esos reglamentos tienen fuerza de ley. Por lo tanto, tenemos que el Poder Ejecutivo ejerce una facultad que tradicionalmente ha sido ejercida por la Asamblea Legislativa. De la misma manera, tenemos que la Rama Ejecutiva; a través de los departamentos a agencias del gobierno, adjudican controversias legales entre ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que el Poder Ejecutivo ejerce una facultad que tradicionalmente es ejercida por la Rama Judicial.

    El derecho administrativo,por lo tanto, nos señala las normas que establecen el alcance de las facultades de la Rama Ejecutiva cuando ejerce esas funciones de otras ramas. Además, nos señala las normas procesales que debe cumplir la Rama Ejecutiva si va a ejercer funciones de las otras ramas del gobierno.

    2. Una Delegación de Poderes

    Para que la Rama Ejecutiva pueda ejercer facultades de otras ramas de gobierno tiene que ocurrir un acto de delegación de poder. Esto ocurre cuando la Asamblea Legislativa aprueba una ley que concede a un departamento o agencia de la Rama Ejecutiva la facultad para reglamentar, adjudicar, investigar o conceder licencias.

    Por mucho tiempo, en Estados Unidos se debatió si esa delegación de poderes era un ejercicio válido de la Congreso. La razón del debate era que algunos entendían que la delegación de poderes contradecía el esquema republicano de gobierno que promueve la separación de poderes. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin embargo, resolvió el debate reconociendo la validez de la delegación.

    Ahora bien, dicha delegación tiene que realizarse dentro de un marco legal que impida que la Rama Ejecutiva pueda actuar de forma arbitraria y caprichosa. Además, la Rama Judicial siempre se reserva la facultad de revisar todas las actuaciones que realice el Poder Ejecutivo de conformidad a los poderes delegados.

    Aceptada la facultad para delegar poderes que tiene la Asamblea Legislativa, podemos decir que el derecho administrativo también se plantea si las actuaciones de una agencia administrativa recibió mediante legislación la delegación del poder. De la misma manera, el derecho administrativo estudia el alcance de los poderes delegados.

    3. Una Agencia Administrativa

    El Poder Ejecutivo se subdivide en un sinnúmero de departamentos, comisiones, agencias, juntas y corporaciones públicas. A esas subdivisiones del Poder Ejecutivo le llamamos agencias administrativas.

    Cabe señalar que las agencias administrativas son el resultado inevitable del rol vital que juega el Estado moderno en nuestra sociedad. En Puerto Rico, el Poder Ejecutivo dicta normas relacionadas, entre otras, a la protección del ambiente, a la calidad de la construcción de viviendas, al manejo adecuado de los recursos naturales, a la protección del consumidor.

    Esas agencias administrativas son creadas por la Asamblea Legislativa. Ellas, por lo tanto, son el recipiente inmediato del poder delegado por la Asamblea Legislativa mediante una ley debidamente aprobada. Después de todo, es en la agencia administrativa que se realizan investigaciones, se conceden licencias, se aprueban reglamentos y se adjudican controversias.

    4. Un Procedimiento Uniforme

    Por último, un elemento vital del Derecho de Administrativo es la uniformidad del proceso administrativo. Esto se logró mediante la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

    LPAU es una advertencia de la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo. Mediante la misma la Asamblea Legislativa requiere del Poder Ejecutivo que cumpla con los procedimientos allí establecidos en caso de que vaya ejercer los poderes delegados por ella (reglamentar, adjudicar o investigar).

    Cabe señalar que los procedimientos pautados en LPAU son garantías mínimas que el Poder Ejecutivo debe cumplir. De esta forma se garantiza que los ciudadanos no se vean afectados injustamente por las actuaciones del Estado.

    Por: Manuel Izquierdo (Todos los derechos reservados)

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  • Formulario de Notificación Equivocado Paraliza Plazo Apelativo

    Mediante Opinión y Sentencia del día 8 de junio del 2010 el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que, cuando un tribunal dispone finalmente de un asunto presentado mediante una moción de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales,  su dictamen debe ser notificado utilizando el formulario OAT-687.   Esto se debe a que este formulario contiene una advertencia sobre el término que las partes poseen para acudir ante un tribunal de mayor jerarquía y cuestionar el dictamen emitido.

    Si en la notificación no se utiliza ese tipo de formulario y, por tanto, no advertirle a las partes del término que disponen para ejercer su derecho de apelación, la notificación emitida mediante el formulario incorrecto sería catalogada como defectuosa y el término para apelar no comenzaría a transcurrir. de una resolución u orden interlocutoria.

    Ver Dávila Pollock v. RF Mortgage, 2011TSPR81

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