¡¡ Los militares activos tambien tienen derecho !!

¿Qué sucede si un militar en servicio activo es demandado y no puede estar presente en los procedimientos del caso?

El estatuto federal conocido como el “Soldiers’ and Sailor’ Civil Relief Act of 1940″, dispone que el tribunal puede suspender o paralizar ciertos procedimientos o pleitos seguidos contra personas que se encuentran en el servicio militar de los Estados Unidos, luego que cumpla con determinados requisitos. 50 U.S.C. App. sec. 501 et seq. Específicamente, la sección 521 (a) de dicho estatuto legal dispone que, será de aplicación a cualquier acción civil o procedimiento cubierto por esta sección, en el cual el demandado no haya comparecido. Sec. 521(a)(Supl.2008). En primer lugar, la sección 521(b), supra, expresa que el tribunal antes de emitir sentencia a favor del demandante, deberá requerirle a éste que presente una declaración jurada, respecto a si el demandado se encuentra en servicio militar. Dicha sección tipifica que:

“(b) Affidavit requirement.

(1) Plaintiff to file affidavit. In any action or proceeding covered by this section, the court, before entering judgment for the plaintiff, shall require the plaintiff to file with the court an affidavit-

(A) stating whether or not the defendant is in military service and showing necessary facts to support the affidavit; or

(B) if the plaintiff is unable to determine whether or not the defendant is in military service, stating that the plaintiff is unable to determine whether or not the defendant is in military service.” 50 U.S.C. sec. 521 (b). (Supl. 2008.)

En caso que el tribunal determine que el demandado se encuentra activo en el servicio militar, no podrá emitir dictamen judicial hasta que se nombre un abogado como representante legal del militar. Sobre el particular, la sección 521(b)(2), supra, dispone que:

“If in an action covered by this section it appears that the defendant is in military service, the court may not enter a judgment until after the court appoints an attorney to represent the defendant. If an attorney appointed under this section to represent a servicemember cannot locate the servicemember, actions by the attorney in the case shall not waive any defense of the servicemember or otherwise bind the service-member.” 50 U.S.C. sec. 521 (b)(2). (Supl. 2008.)

Ahora bien, respecto a la paralización de cualquier procedimiento judicial cuando el demandado se encuentra activo en el servicio militar, el inciso (d) de la sec. 521, supra, expresa que:

“(d) Stay of proceedings. In an action covered by this section in which the defendant is in military service, the court shall grant a stay of proceedings for a minimum period of 90 days under this subsection upon application of counsel, or on the court’s own motion, if the court determines that-

(1) there may be a defense to the action and a defense cannot be presented without the presence of the defendant; or

(2) after due diligence, counsel has been unable to contact the defendant or otherwise determine if a meritorious defense exists. “ 50 App. U.S.C. sec. 521(d). (Supl. 2008.)

Es decir, que en caso que una parte demandada en un pleito se encuentre activo en el servicio militar, el tribunal procederá a paralizar los procedimientos por un periodo mínimo de noventa (90) días, ante la solicitud de su abogado o motu proprio, si se da una de las siguientes circunstancias:(1) que el tribunal determine puede haber una defensa respecto a la causa de acción, la cual no podrá ser presentada sin la presencia del militar demandado; o (2) que luego de la debida diligencia, el abogado ha sido incapaz de contactar al demandado o de determinar si existe una defensa meritoria.

Los militares que gozan de este mecanismo de paralización son aquellos que están en servicio activo y que prestan servicio fuera del estado donde el tribunal con jurisdicción sobre la acción o procedimiento esté localizado. El propósito de esta sección es proteger los derechos de los militares como partes demandadas en un litigio en su contra pero no lo exime de responsabilidad. Mayfair Sales, Inc. v. Sams, 169 So. 2d. 150 (La. Ct. App. 1969). La moción en solicitud de paralización de los procedimientos al amparo de esta sección, será considerada a discreción del tribunal, no obstante, se analizará a la luz del estatuto federal conocida como “Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act”. Cf. Gross v. Williams, 149 F.2d. 84 (1945). El Tribunal goza de discreción para denegar la paralización de los procedimientos contra una persona en el servicio militar y, mientras ésta subsiste, será utilizada como un mecanismo de defensa y no como un instrumento de opresión para la parte contraria. Runge v. Fleming, 181 F.Supp. 224 (D. Ia. 1960). Al amparo de esta sección, en un proceso que se está llevando a cabo contra una persona en el servicio militar, a discreción del tribunal se puede conceder tal paralización, pero ello no hace al soldado inmune del procedimiento. Ellis v. Hansen, 87 N.W.2d 795 (1958). El tribunal, en el ejercicio de su discreción debe considerar además del requisito de que el peticionario se encuentre prestando servicio militar, si el peticionario tiene capacidad para conducir su defensa y ésta no se ve materialmente afectada por razón de su servicio militar. Véase, Boone v. Lightner, 319 U.S. 561 (1943).

Aunque el “Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act”, tiene como objetivo evitar la adjudicación previa de casos contra miembros del ejército, el tribunal puede ordenar la continuación del caso si el servicio militar no afecta materialmente la habilidad de la parte demandada para defenderse en el trámite judicial. Cornell Leasing Corp. v. Hemmingway, 553 N.Y.S.2d 285 (1990). La paralización de los procedimientos que autoriza la sección 521, supra, será una posposición de la acción hasta el momento en que la persona esté liberada del servicio militar para defenderse de la acción. Coburn v. Coburn, 412 So.2d 947 (Fla. Dist. Ct. App. 1982). Ahora bien, ésta debe estar sujeta a lo dispuesto en la sección 521(d), supra, de la “Soldiers’ and Sailor’ Civil Relief Act”, respecto a un plazo mínimo de noventa (90) días.

Por: Michael R. Jiménez Brea

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